Las clínicas abortistas por fin contratan funerarias


Madrid. Hasta hace un año, las grandes clínicas abortistas no cumplían la legislación vigente y tiraban los restos de los fetos procedentes de abortos a los contenedores, mezclándolos con el resto de residuos biosanitarios. Desde que la Comunidad de Madrid, a instancias del Seprona, inspeccionó la clínica Isadora en febrero de 2007 y detectó irregularidades, estas clínicas se han visto obligadas a contratar empresas funerarias para que se hagan cargo de estos “restos humanos” y tengan el destino previsto por la ley estatal y autonómica en materia de sanidad mortuoria: la cremación o el enterramiento.

Las tres clínicas madrileñas de abortos de alto riesgo —de más de 12 semanas—, Dator, Isadora y El Bosque ya pueden certificar que reciben los servicios funerarios de Parcesa.

Fuentes de la clínica Isadora aseguraron que “desde 1993, el centro había pasado todas las inspecciones que se realizan periódicamente. En ningún momento habían detectado irregularidades ni les habían indicado cuál era el procedimiento a seguir en la eliminación de los residuos”. No obstante, hospitales como el Doce de Octubre, donde también se realizan abortos, llevan años cumpliendo con la normativa de encargar a una empresa funeraria que se haga cargo del traslado y destino de estos “restos humanos”. Según el Reglamento de Sanidad Mortuoria (124/1997), el “destino final de los restos humanos de entidad suficiente procedentes de abortos, mutilaciones, operaciones quirúrgicas o autopsias” será “el enterramiento en lugar autorizado, la incineración o cremación o la utilización para fines científicos o de enseñanza”.

El cumplimiento de la ley en la gestión de residuos ha incrementado notablemente los gastos en estas clínicas. Según fuentes de un centro de IVE de alto riesgo, un contenedor con capacidad para eliminar residuos del grupo III —restos de material clínico, gasas, jeringuillas, etc— en una semana cuesta cerca de 50 euros. Hasta el momento, incluían los restos de fetos —catalogados por norma en el grupo IV— en este grupo y los eliminaban de la misma forma. Desde que estos centros han regularizado la situación, deben pagar cerca de 1.000 euros para cubrir los servicios de la empresa funeraria.

Durante su investigación, la Guardia Civil comprobó que la clínica Isadora incumplía la normativa en la gestión de residuos y mezclaba restos biosanitarios del grupo III con restos humanos —grupo IV—. También infringía la normativa de sanidad mortuoria, que obliga a enterrar los “restos humanos”. Por último, la clínica se enfrenta además a un posible sanción grave por falta de protección de datos. Además de los restos de más de 100 fetos, la Guardia Civil encontró información confidencial —teléfonos y direcciones— de las madres que acudían a abortar. La Ley de Protección de Datos señala que la información relativa a la salud tiene el más alto nivel de reserva y su infracción podría ser sancionada con una multa de 300.000 a 600.000 euros.

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