SOBRE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA


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La nueva legislación sobre la enseñanza manifiesta unas intenciones encomiables con esta nueva materia: educar en valores, para la convivencia, para el respeto. Creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de educar para estos valores: nuestros hijos -¡y nosotros mismos!- necesitan aprender a escuchar los puntos de vista del otro y a exponer sensatamente los suyos, aprender a respetar a todos. Esta necesidad resulta evidente, por ejemplo, cuando vemos a nuestros políticos; nos entran ganas de decirles que les hemos elegido para que se entiendan, no para que se insulten; si la elite dirigente está así, es patente que necesitamos una educación en valores que facilite la convivencia.

La pregunta es si son los poderes públicos los que deben asumir esta tarea. Sobre todo si tenemos en cuenta que en España la educación es algo muy parecido a un ‘servicio público’, es decir, algo de lo que se encargan básicamente los poderes públicos, si bien pueden, mediante concesión, delegar la función en centros de iniciativa social. Al dar ese paso se pone en peligro la neutralidad ideológica de los poderes públicos, la libertad de conciencia de los alumnos y el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos; hay riesgo de que esta materia se convierta en un adoctrinamiento ideológico. Si analizamos contenidos, objetivos y criterios de evaluación que establece el currículo recientemente aprobado, este riesgo es más claro.

Vayamos por partes. Entiendo que detrás de esta asignatura hay un error de interpretación de
la Constitución. Este error está, por ejemplo, en el manifiesto del PSOE sobre
la laicidad. Ahí se dice que la Constitución ordena a los poderes públicos educar en los valores y derechos constitucionales, en cuyo mandato se fundamenta esta asignatura. Pero en realidad la Constitución no da un mandato de que se enseñen los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades; manda que la educación se haga respetando esos principios, derechos y libertades. El matiz puede parecer cosa de palabras, pero no lo es. Se entenderá con un ejemplo. El profesor contratado en un centro dotado de ideario no está obligado a promover ni enseñar ese ideario: basta con que lo respete, con que no dirija ataques abiertos o solapados al ideario. Hay una diferencia entre mandato de enseñar el ideario y mandato de respetarlo. Lo mismo pasa con el respeto del artículo 27, salvo interpretación más autorizada. En sí está muy bien enseñar esos principios, derechos y libertades; pero que los poderes públicos se autoatribuyan, como mandato constitucional, el deber de enseñar esos principios derechos y libertades y a tal fin creen esa materia curricular es peligroso.

Además, pareciera que este supuesto mandato fuera el gozne principal sobre el que gira esta materia. En realidad, tienen prioridad los derechos fundamentales de que hemos hablado: libertad de conciencia de los alumnos y derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos.

Si vamos al currículo, este peligro se hace más evidente. Porque en él subyace una antropología concreta, y una moral concreta que se deriva de esa antropología. Ambas son muy respetables, pero desde luego no se pueden imponer en una asignatura obligatoria. Por ejemplo, subyace una visión del hombre totalmente ajena a la cuestión sobre Dios. Y una visión del hombre totalmente independiente de Dios es una opción antropológica exactamente igual que lo sería una antropología basada en la idea cristiana de Dios, o en la idea musulmana de Alá.

En cuanto a la moral, toda la ética del currículo se basa en las leyes. Es decir, las leyes son la fuente de la ética que hay que enseñar; pero el derecho es una cosa mucho más modesta: no puede ofrecer la base de toda
la moral. Estamos ante el peligro de una ética de Estado, el Estado como fuente única de la ética, y esto tiene un fuerte sabor totalitario. Un último ejemplo, ya más concreto. Todo el currículo está impregnado por una concreta ideología de género: una ideología en la cual la sexualidad estaría, de por sí, desprovista de todo significado antropológico propio, de tal modo que cada cual la ha de llenar del significado que quiera. El currículo parece invitar a una actitud de indiferencia ante las opciones relativas a la orientación sexual: lo democrático es pensar que en este terreno todo está bien; si algo no me parece bien, hay que reeducarme. El rechazo de la homofobia está muy bien, en el sentido de que no se puede discriminar ni faltar a nadie al respeto por su orientación asexual; pero en la práctica de quienes han acuñado y usan el término, ‘homofobia’ es una palabra que incluye a todo aquel que piense que el ejercicio homosexual de la sexualidad no es moralmente correcto, o a quien simplemente sostenga la tesis médica de que es una patología y de que en muchos casos se puede curar mediante la terapia oportuna.

El peligro no es sólo teórico: recuérdese, por ejemplo, el intento de negar la aprobación a unos textos de religión que afirmaban que el aborto era inmoral aunque lo aprobaran las leyes. Este conflicto se solucionó en buena medida gracias a las excelentes relaciones de Alfonso Guerra con el episcopado del momento, pero revela que el peligro de superar los límites del poder está ahí. Recuérdese también que un profesor de la Universidad de Valencia fue denunciado hace unos años por sostener que la homosexualidad era una patología. Concluyendo, me parece evidente que la materia se presta al adoctrinamiento ideológico obligatorio. Me recuerda un poco a la FEN franquista (Formación del Espíritu Nacional: el mayor tostón que nunca he conocido). Ciertamente, hoy no hay la férrea unidad ideológica con que se impartía esa materia, ni la absoluta carencia de ideas sólidas que caracterizaba al régimen de Franco. Pero la educación para la ciudadanía tiene un cierto tufo a FEN. Le auguro el mismo estrepitoso fracaso.

Por Carlos Soler

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