Turismo abortivo


España, como casi todo, cambia. Y no siempre para mejorar, pues no todo cambio entraña progreso. Antes éramos un país de emigrantes; ahora lo somos de acogida de inmigrantes. Antes, algunas españolas viajaban a países extranjeros para abortar. Ahora, algunas extranjeras viajan a España, para “interrumpir sus embarazos”, es decir, para matar a sus hijos embrionarios. Nada nuevo bajo el sol; sólo cambia la dirección del itinerario abortivo. Aún habrá quien diga que hoy somos más libres; al parecer, más libres también para el crimen. Según la información disponible, se ofrece un pack (añadamos el mal gramatical al moral) que incluye vuelo, alojamiento y aborto, a precios adecuados para que el negocio no decaiga. Incluso se practica en casos de embarazos muy avanzados, en los que el embrión se debate y defiende para eludir la agresión mortal: puro asesinato.

La valoración moral no me ofrece dudas. La inmoralidad del aborto voluntario deriva del imperativo de no matar. Si se prefiere una visión de la moral más positiva y menos prohibitiva, y apelando a la fértil idea de “lo mejor”, siempre será preferible y mejor conservar la vida del embrión que acabar con ella. A menos que, en contra de toda evidencia, la vida sea considerada como un mal del que debe huirse o como un bien de libre disposición por parte de la madre, con lo que el supremo acto moral sería el suicidio. Como no es lo mismo la moral que el derecho, aunque no sean absolutamente independientes, pasemos ahora a este último. Si la práctica del aborto fuera un puro ejercicio de autonomía de la voluntad que no afectara a un bien jurídicamente protegible (y protegido en nuestro ordenamiento jurídico), no cabría penalizarlo, aunque se tratara de una conducta inmoral, pues el derecho no existe para producir el perfeccionamiento moral de las personas, aunque tampoco deba ser un obstáculo para él. El problema es que sólo una sanción penal, por benévola que pueda ser, e incluso excluyéndola en algunos casos, permite proteger jurídicamente la vida de las personas, nacidas o no. Es lo que hace nuestra legislación actual, que considera que el aborto voluntario es un delito, y sólo excluye la aplicación de la pena en tres casos tasados: violación, malformaciones del feto y peligro para la salud física y psíquica de la madre. No existe, por lo tanto, algo así como un derecho a abortar en esos tres casos, sino que se trata de un acto ilícito, al que se excluye la pena por razones fundadas. Ciertamente, entonces puede practicarse en esos casos, lo que no quiere decirse que se deba, sin estar sometido a la amenaza de la sanción penal. Pero en España no existe un derecho al aborto nunca, ni siquiera en esos tres casos citados. El problema es que una legislación como la nuestra, acaso bienintencionada e incluso correcta, resulta muy vulnerable al fraude de ley. Y es lo que sucede. El problema no estriba tanto en la ley, quizá discutible, como en su mala aplicación o en la falta de ella. El cajón de sastre criminal viene por la vía de la salud psíquica de la madre, si basta con que un facultativo con pocos escrúpulos certifique que, en el caso de continuar el embarazo, corre grave peligro. ¿Es nítido el concepto de la salud psíquica? ¿No puede extenderse abusivamente hasta incluir una leve depresión? ¿No podría entonces interrumpirse cualquier embarazo, es decir, asesinar a la persona no nacida, previa petición de la madre? Me temo que esto es lo que sucede en este turismo aberrante y criminal en fraude de ley. Nacionales y extranjeras se acogen a este fraude para eliminar la vida humana que portan en sus entrañas. El problema es que la mayoría de las veces la salud psíquica no hace sino empeorar, a menos que la conciencia moral se haya debilitado hasta casi desaparecer, pues no es fácil imaginar un crimen que entrañe una más pesada carga moral para su autor que la muerte que una madre inflige a su propio hijo. Y lo terrible aumenta si se considera que además existe una fácil solución, pues abundan las parejas que desean adoptar hijos y que viajan a lejanos países para satisfacer su ansia frustrada de paternidad. ¿No sería mejor que esos hijos, en lugar de ser muertos, nacieran y fueran entregados en adopción?

El añorado Julián Marías afirmó que los peores errores morales de nuestro tiempo eran la aceptación social del aborto y la generalización del consumo de drogas. Tenía, y tiene, razón, pues se trata de males profundos que revelan la inversión del orden natural de los valores y la inmoralidad de un tiempo, que se manifiestan en otros males terribles y derivados de esa anomia moral. Si se considera bueno lo que es malo en algo tan básico como la transmisión y protección de la vida; si es lícito que una madre acabe con la vida de su hijo, entonces, parafraseando al personaje de Dostoievski, todo está permitido. No deseo que ninguna mujer que aborte vaya a la cárcel; sólo reclamo que ninguna lo haga, y que la sociedad y su derecho protejan el valor de la vida humana.

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